Pese a considerar que este pueda no ser el foro adecuado para debatir una cuestión de tan hondo calado para nosotros como es la de la fe pública, tras leer los artículos de algunos compañeros sobre ello, no he querido dejar pasar la oportunidad para dar mi opinión al respecto. Aún a riesgo de redundar en lo ya manifestado por ellos con acierto, y quizás aportando como única singularidad la de haber sido un converso reciente a esta causa contraria a la fe pública (creo que el adjetivo pseudo-religioso encaja bien cuando se trata de hablar de fe).
Durante un tiempo yo también pensaba que la fe pública era la más esencial de nuestras funciones, aquella para la que habíamos sido concebidos. Esta idea quedó implantada en mi cerebro desde el estudio de la oposición, y ni siquiera me planteaba la posibilidad de que pudiera ser de otra forma. Simplemente había que certificar cuanto ocurría en el Juzgado, asegurando así que la actuación había sido realizada, y además que se había hecho cumpliendo estrictamente las formalidades y garantías que la ley establece, tenías que hacerlo pues era tu función más importante.
Además, la fe pública exige que varias mañanas a la semana vistamos toga y acompañemos a nuestros compañeros de trabajo, jueces y fiscales, en la celebración de vistas. En aquellos primeros tiempos el pasearme con toga ante los ciudadanos, en compañía del Juez, conversando con aire de preocupación sobre los asuntos que habían de ventilarse en Sala, he de reconocer que colmaba mi cuota personal de vanidad. Sin embargo pronto me di cuenta de que las conversaciones de verdadero calado eran mantenidas entre Juez y Fiscal, en ocasiones intentando sortear mi figura sentada entre ellos en el estrado, pues les impedía establecer contacto visual.
Casi al mismo tiempo me percaté de que lo único que tenía que hacer era cubrir un acta de modelo con los datos que para el acta sucinta prevé la ley, reseñar los documentos identificativos de los intervinientes, poner en marcha y apagar a su debido tiempo la máquina de grabación de vistas. Mi vanidad comenzó a caer en picado. He levantado acta completa y sucinta, y en este segundo caso, y como muchos compañeros, he llevado trabajo a Sala, aunque esta solución me parece aún peor, pues supone considerar que nuestro trabajo no es lo suficientemente intelectual como para no poder hacerlo al mismo tiempo que otra cosa (Quizás aquí las compañeras nos llevéis ventaja, pues de todos es sabido que las mujeres podéis hacer varias cosas a la vez, con la máxima concentración y rendimiento en todas ellas, y no estar locas).
Así las cosas, empecé a dudar sobre mi condición de fedatario público, al menos en lo que a la Sala se refería. Si había una máquina que registraba cuanto allí ocurría, porque además tenía que estar yo, o bien escribiendo unas actas que nadie leía, o haciendo otros trabajos sin emplear en ello los cinco sentidos. En un intento de evitar nuestra futilidad en Sala se nos hizo responsables del manejo de las máquinas de grabación. Como las novedades tecnológicas no van parejas a la modernización de la Justicia, estas máquinas cada vez son más sofisticadas, y del VHS se ha pasado a un sistema de grabación en CD que te permite cambiar de cámara, establecer marcas con las distintas intervenciones… (O sea que podemos hacernos el director’s cut de la vista).
Como todo esto me parecía un despropósito comencé a hablar del tema con algunos compañeros. Unos se manifestaban a favor y otros en contra, en ambos casos con entusiasmo, por no decir ardor guerrero. A mi los argumentos de unos y de otros me parecían de peso, y tras estas conversaciones me quedaba meditabundo, y también con una sensación de tibieza, de no tener criterio propio que me incomodaba.
Esta equidistancia terminó de manera definitiva cuando analice la naturaleza de los argumentos de unos y otros. Los argumentos a favor del mantenimiento de la fe pública no me parecen racionales y objetivos. Era precisamente cuando me dejaba llevar por el apasionamiento cuando los compartía (“rebajarnos a la condición de administrativos, ¡Por encima de mi cadáver!”). Cuando mantenía la cabeza fría, sin embargo, me daba cuenta de que lo que más me gusta de mi trabajo es aplicar los conocimientos técnicos adquiridos durante años, ser el experto en derecho procesal cuyo criterio en este ámbito sea el que prime en el Juzgado, resolviendo las cuestiones que se susciten y practicando el famoso impulso procesal, es decir siendo el Director Técnico Procesal de la Oficina, y para ello tengo que estar en la Oficina.
Ahondando aún más en el tema me di cuenta de que la fe pública no solo es una función que te encadena irremisiblemente a la Sala de Vistas, impidiéndote realizar tu función más importante, la única que amortiza realmente tu preparación técnica, sino que además, en su vertiente de documentación con fe pública del resto de las actuaciones judiciales, nos convierte en individuos ubicuos y omniscientes, siendo no ya los únicos empleados, públicos o privados, sino los únicos seres humanos que tienen esas dos cualidades. Llegados a este punto la conclusión es lógica: unos individuos, como nosotros, con facultades ilimitadas no pueden sino tener una responsabilidad ilimitada.
Si me permitís una comparación un poco burda, si nuestro colectivo trabajase en un Hospital, además de ser los Jefes de la UCI y tratar de que los pacientes reciban el alta y no se nos mueran, tendríamos que entrar en el quirófano para ver como operan los cirujanos y enfermeras, quizás levantar acta sobre como abren y cierran al paciente, o grabarlo con una cámara, además de registrar todas las Historias, ahora quizás solo validar todo lo que escriban los auxiliares administrativos, dar fe de todo lo que hagan médicos, enfermeras, auxiliares y celadores, estar presentes en las consultas ambulatorias, en las extracciones de muestras, en el posterior análisis de las mismas, en los tratamientos, curas, rehabilitaciones, pruebas clínicas, ser los depositarios y custodios de la documentación médica, el instrumental quirúrgico, jeringas, gasas, torundas, sondas, goteros, ropa de cama, la ropa de los pacientes y sus efectos personales, por no hablar de la farmacia, realizar los pedidos de material, de maquinaria, certificar las guardias, las sustituciones… o no hacer nada de todo lo anterior pero responder de todo. Imaginad de quién será la culpa cuando amputen una pierna a quién debía ser operado de amígdalas.
El año pasado cuando trascendió en los medios de comunicación el presunto error judicial del Penal de Sevilla, con la grave consecuencia que todos conocemos, y tras un conato de revuelta de nuestro colectivo que nos reportó un segundo de gloria, los jueces se apresuraron a levantarse en armas, reivindicando precisamente que se acotase, que se limitase su responsabilidad, que en el peor de los casos se apreciase concurrencia de culpa con el resto de operadores e instituciones implicados en la administración de justicia. En definitiva, reivindicaron su condición de seres humanos, susceptibles de cometer errores con los medios limitados de los que disponen.
Aprendamos de ellos, reivindiquemos también nuestra condición humana, que se acote nuestra responsabilidad al ámbito para el que estamos formados, y que sea en ese ámbito en dónde se nos pueda exigir capacidad y rendimiento. Esta reivindicación, que yo sepa hasta la fecha solo la ha mantenido el SISEJ.
A todos aquellos compañeros que defienden la tesis contraria, decirles que yo también, y aquí voy a ser muy subjetivo, me siento Cuerpo Superior Jurídico, pero quiero serlo de verdad y no solo en apariencia, y respecto a la importante cita del próximo día 20, únicamente les pediría que se hiciesen dos preguntas:
1.- Si sus jornadas laborales no se quedan cortas para todas las tareas que tienen que hacer, obligándoles a postergar unas a favor de otras, incluso a no realizar algunas de ellas.
2.- ¿Cuál de las tareas que ejercen consideran que se acomoda mejor a aquella formación en la que han invertido años de su vida?
Quizá sea ingenuo por mi parte pensar que quien responda con honestidad a las mismas votará por el cambio, votará SISEJ.
La Nueva Oficina Judicial que impulsa el actual ejecutivo español, con el consenso del resto de los grupos parlamentarios, apuesta por separar dos tareas claramente diferenciadas en el ámbito del servicio público que es la Justicia: la relativa a la función constitucional de Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en manos del personal judicial, y por otra el impulso procesal de los asuntos que llegan a la Administración de Justicia, sea en su fase inicial o ejecutiva, que se realizará por funcionarios de justicia en nuevas oficinas judiciales que deben situar a la Justicia española en el lugar que merecen los ciudadanos de un Estado moderno, democrático y de derecho.
Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ)
